Nacional e internacional

Pide PAN que se resuelva el caso de Cabeza de Vaca

El Partido Acción Nacional (PAN) urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver sobre el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

El Partido Acción Nacional (PAN) urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver sobre el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

A través de una carta dirigida a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, la cúpula del PAN considera que la Corte debe fallar “si la Federación puede destituir por consigna a los órganos que emanan de la voluntad democrática de los estados del país”.

Resulta “incomprensible”, opinan, “postergar indefinidamente en la lista de asuntos para resolución el proyecto para el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos locales, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción”.

Con el aval de la dirigencia nacional, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y la coordinación nacional de alcaldes y de diputados locales, la misiva refiere:

“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que: corresponde a los Congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República”.

Desde la óptica de los panistas: “No se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del gobernador de Tamaulipas.

“La cuestión es si basta una denuncia falaz, una instrucción política, una bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados y un juez que actúe por consiga, para remover de sus cargos a gobernadores, legisladores locales, magistrados y consejeros de las judicaturas estatales, fiscales autónomos, órganos de transparencia y fiscalización, entre otros”.

con información de el economista

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